El 26 de febrero de 1992, ocho meses después de la declaración de independencia de Eslovenia, miles de residentes permanentes quedaron fuera del registro que acreditaba su derecho a vivir en el país. Eran ciudadanos de la antigua Yugoslavia vinculados por su ciudadanía republicana a otras repúblicas de la federación. En Eslovenia se los conoce como izbrisani, los borrados.
De residentes permanentes a extranjeros sin permiso
La legislación de la independencia abrió un plazo de seis meses para que quienes reunieran determinadas condiciones solicitaran la ciudadanía eslovena. Cuando venció el plazo, las autoridades aplicaron la legislación de extranjería a quienes no habían obtenido esa ciudadanía y eliminaron sus inscripciones del registro de residentes permanentes. El recuento oficial citado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos identificó a 25.671 personas afectadas.
La pérdida de la residencia tuvo efectos distintos según la situación de cada persona. Algunas quedaron apátridas. Para otras, acreditar el derecho a trabajar, conservar prestaciones o regresar al país tras salir de él se volvió difícil o imposible. Una decisión administrativa sobre el registro pasó así a determinar aspectos de la vida cotidiana de personas que llevaban años instaladas en Eslovenia.
El caso Kurić ante el Tribunal Europeo
El Tribunal Constitucional esloveno declaró en 1999 que la legislación dejaba sin resolver la situación de los borrados. En 2012, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en Kurić y otros contra Eslovenia. En el caso de los demandantes, apreció vulneraciones del derecho a la vida privada y familiar, del derecho a un recurso efectivo y de la prohibición de discriminación. También pidió a Eslovenia que estableciera un sistema de indemnización para las personas afectadas.