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El 11 de julio de 2006, la Sala del TPIY que juzgaba a Milan Milutinović y otros cinco acusados limitó los lugares sobre los que la Fiscalía podía presentar pruebas. La selección dejó fuera Račak, Padalište y la prisión de Dubrava.
El 30 de agosto, la Sala rechazó autorizar un recurso interlocutorio contra aquella decisión. La resolución explica que la Fiscalía debía demostrar tanto una incidencia significativa sobre la equidad, la rapidez o el resultado del juicio como la utilidad inmediata de la intervención de la Sala de Apelaciones.
La Fiscalía sostenía que le correspondía escoger los lugares y las pruebas con los que presentaría su caso. La Sala consideró insuficiente su justificación para obtener esa autorización y señaló que todavía podía solicitar una modificación de la selección según evolucionara el proceso.
El documento sitúa el litigio dentro de un caso centrado en deportaciones, traslados forzosos y actos de persecución asociados. La selección procesal delimitaba la prueba de ese juicio; no era una investigación nueva sobre cada uno de los episodios excluidos.
Por ello, excluir un lugar de la presentación de pruebas no equivale a declarar que los hechos no ocurrieron ni a resolver las responsabilidades relativas a sus víctimas. Esta entrada se basa en la resolución de agosto, que reconstruye la decisión de julio, y distingue ese debate procesal de cualquier conclusión sobre el fondo.