El caso Alperin llevó ante tribunales estadounidenses reclamaciones por bienes que los demandantes vinculaban al despojo de víctimas del Estado Independiente de Croacia, el régimen ustacha de la Segunda Guerra Mundial. La demanda reunía a supervivientes y herederos y formulaba acusaciones sobre el destino posterior del patrimonio expoliado. La existencia de esas alegaciones debe distinguirse de su prueba judicial.
Una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, de abril de 2005, permitió continuar determinadas reclamaciones patrimoniales. Esa apertura procesal no fue una condena ni una declaración de que los demandados hubieran recibido los bienes denunciados. La prensa militante y los comunicados de abogados reproducidos por Yugoinfo deben leerse teniendo presente esa diferencia.
El 11 de septiembre de 2009, la jueza federal Maxine M. Chesney desestimó sin perjuicio la acción que quedaba contra la Orden de Frailes Menores por falta de competencia material. La resolución examinó las bases legales invocadas para que el tribunal pudiera conocer el asunto. No concedió indemnizaciones ni resolvió sobre el fondo de las acusaciones de expolio. También recordó que las reclamaciones contra el Instituto para las Obras de Religión habían sido desestimadas en 2007: ambas entidades y actuaciones son distintas.
Esta documentación permite seguir la búsqueda de restitución por víctimas y sus obstáculos procesales, sin convertir una demanda en un veredicto histórico. La ficha se limita a esas decisiones documentadas; no presenta la resolución de 2009 como desenlace definitivo de cualquier recurso posterior ni sustituye el estudio de archivos sobre el patrimonio de las víctimas.
Alperin y otros contra la Orden de Frailes Menores. Resolución de 11 de septiembre de 2009
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California · Maxine M. Chesney · expediente 3:99-cv-04941-MMC, documento 458. Traducción íntegra al español de la resolución judicial federal publicada por GovInfo.
TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO NORTE DE CALIFORNIA
Emil Alperin y otros, demandantes, contra la Orden Franciscana y otros, demandados.
N.º C-99-4941 MMC
Resolución que estima la petición de desestimación de la demandada Orden de Frailes Menores
El Tribunal tiene ante sí la petición de la demandada Orden de Frailes Menores («OFM»), presentada el 12 de junio de 2009, de que se desestime la sexta demanda modificada de los demandantes («6AC»). Los demandantes presentaron oposición y la OFM replicó. El 27 de julio de 2009, el Tribunal dio a los demandantes la oportunidad de presentar una dúplica y les requirió que justificaran por qué no debía desestimarse la acción de referencia por falta de competencia por razón de la materia. El 14 de agosto de 2009, los demandantes presentaron conjuntamente su dúplica y la contestación al requerimiento de justificación («OSC»). El 28 de agosto de 2009, la OFM replicó a la contestación de los demandantes al requerimiento [1]. Leídos y examinados los escritos de apoyo y de oposición a la petición, el Tribunal resuelve lo siguiente.
Antecedentes
La presente acción la interponen demandantes individuales y organizaciones en nombre propio y en el de un grupo que se pretende integrar por «todos los serbios, judíos, romaníes (gitanos o sinti-romaníes), determinados ciudadanos de la antigua Unión Soviética y sus herederos legales, sucesores, cesionarios, legatarios y beneficiarios», todos los cuales habrían sufrido pérdidas de dinero o de bienes, o de ambos, causadas por el Estado Independiente de Croacia («régimen ustacha») entre abril de 1941 y mayo de 1945. Véase 6AC, párrs. 1 y 12.
Los demandantes alegan que la única demandada que queda, la OFM [2], es una orden religiosa jerárquica cuya estructura administrativa se divide en provincias geográficas, entre ellas «varias en Estados Unidos», una de las cuales, la Provincia de Santa Bárbara, tiene su sede en Oakland, California. Véase ibíd., párrs. 89, 91 y 93. Alegan asimismo que la OFM, por medio de su ministro general, controló, de 1939 a 1969 y desde 1977 hasta la actualidad, la «Custodia Croata de la Sagrada Familia de Chicago». Véase ibíd., párr. 109. Según los demandantes, además, en 1945, «a instancias» de la OFM y de dos de sus miembros, se «restableció […] como parte de un plan elaborado» la «Cofradía Croata de San Jerónimo» («Cofradía Croata»), previamente disuelta, para ayudar tanto a los croatas que huían tras la caída del régimen ustacha como para prestar apoyo material y financiero al régimen en el exilio. Véase ibíd., párr. 105.
Los demandantes alegan que agentes del régimen ustacha «se apoderaron de sus bienes, se los llevaron y los depositaron o incorporaron de otro modo al Tesoro ustacha» (véase ibíd., párr. 12), y que la OFM y sus agentes «ocultaron, blanquearon, dieron en garantía, mezclaron y se apropiaron deliberadamente» de esos bienes en beneficio de la OFM y de miembros del antiguo régimen ustacha. Véase ibíd., párr. 1. A este respecto, alegan que se sacaron clandestinamente de Croacia fondos del Tesoro ustacha, que se transfirieron a la Cofradía Croata y a dos responsables de la OFM, los padres Dominik Mandic («Mandic») y Krunoslav Draganovic («Draganovic»), «y de allí al sistema financiero de la Ciudad del Vaticano y a otros lugares para su conversión». Véase ibíd., párr. 136. Alegan asimismo que «una parte importante del Tesoro ustacha de posguerra consistía en joyas y objetos de valor no monetarios que debían ser convertidos por la OFM o que la OFM y sus agentes retuvieron para promover la causa ustacha y el nacionalismo croata». Véase ibíd., párr. 140. Según los demandantes, además, «la OFM depositó y convirtió activos del Tesoro ustacha utilizando sus cuentas en el Vaticano y en otros lugares, para su uso en Argentina, Brasil, España, Portugal, Estados Unidos e Italia por los ustachas exiliados y por empresas de Chicago controladas por Mandic y la OFM». Véase ibíd., párr. 141.
En la 6AC, los demandantes formulan pretensiones de rendición de cuentas, apropiación indebida, enriquecimiento injusto, restitución, infracciones del derecho internacional, recuperación posesoria y custodia de bienes. Véase ibíd., párrs. 160–184. En su petición, la OFM sostiene que procede desestimar toda la acción por falta de competencia por razón de la materia, falta de jurisdicción personal, notificación procesal insuficiente, falta de legitimación y en virtud de la doctrina del forum non conveniens. El Tribunal aborda primero la competencia por razón de la materia.
Criterio jurídico
«Una impugnación de la competencia conforme a la regla 12(b)(1) puede fundarse en el propio escrito o en los hechos». Safe Air for Everyone v. Meyer, 373 F.3d 1035, 1039 (9.º Cir. 2004). «En la primera, quien impugna sostiene que las alegaciones de la demanda son, por sí solas, insuficientes para fundar la competencia federal». Ibíd. «En la segunda, quien impugna controvierte la veracidad de alegaciones que, por sí solas, de otro modo fundarían la competencia federal». Ibíd. Cuando, como aquí, se impugna la competencia atendiendo al propio escrito, el Tribunal da por ciertas las alegaciones del demandante y extrae todas las inferencias razonables a su favor. Véase Wolfe v. Strankman, 392 F.3d 358, 362 (9.º Cir. 2004). Sin embargo, como los tribunales federales tienen competencia limitada, la carga de establecer la competencia por razón de la materia recae en quien la invoca. Véase Kokkonen v. Guardian Life Ins. Co. of Am., 511 U.S. 375, 377 (1994).
Fundamentación
Los demandantes sostienen que existe competencia por razón de la materia por diversidad de ciudadanía (28 U.S.C. § 1332), por la existencia de una cuestión federal (28 U.S.C. § 1331) y en virtud de la Ley de Reclamaciones por Agravios de Extranjeros («ATS», 28 U.S.C. § 1350). Por las razones que se exponen a continuación, el Tribunal concluye que los demandantes no han demostrado que ninguno de esos preceptos le confiera competencia en esta acción [3].
A. Diversidad de ciudadanía
En su oposición a la petición de la OFM, los demandantes sostuvieron inicialmente que el Tribunal podía ejercer su competencia por diversidad de ciudadanía conforme a la Ley de Equidad en las Acciones Colectivas de 2005 («CAFA»), Pub. L. 109-2, 119 Stat. 4 (2005). La OFM replicó que dicha ley era inaplicable, pues solo se aplica a acciones «iniciadas a partir del» 18 de febrero de 2005 (CAFA, § 9, 119 Stat. 14) y la presente acción se inició en 1999. En su dúplica y contestación al requerimiento del Tribunal, los demandantes dejaron de invocar la CAFA. Véase dúplica y contestación al OSC, p. 10, líneas 22–25. Sostienen, con todo, que existe competencia por diversidad conforme a 28 U.S.C. § 1332(a).
El apartado 1332(a) confiere competencia al tribunal de distrito cuando, entre otras cosas, «el objeto del litigio excede de la suma o el valor de 75.000 dólares» y la acción enfrenta a «ciudadanos de un estado y ciudadanos o súbditos de un estado extranjero». Véase § 1332(a)(2). La norma exige, sin embargo, diversidad «completa» y, por tanto, «no comprende el supuesto de un demandante extranjero que demanda a demandados extranjeros». Véase Nike, Inc. v. Comercial Iberica de Exclusivas Deportivas, S.A., 20 F.3d 987, 991 (9.º Cir. 1994). Además, si hay extranjeros en ambos lados del litigio, la presencia de un demandante estadounidense no «salva» la competencia, véase ibíd., a menos que también haya un demandado estadounidense de ciudadanía distinta, en virtud del § 1332(a)(3). Véanse § 1332(a)(3), que confiere competencia en acciones entre «ciudadanos de distintos estados en las que ciudadanos de un estado extranjero sean partes adicionales», y Transure, Inc. v. Marsh & McLennan, Inc., 766 F.2d 1297, 1298–99 (9.º Cir. 1985), que declaró la competencia en una demanda de sociedades de California y del Reino Unido contra sociedades de Delaware y Sudáfrica.
Aquí demandan tanto personas extranjeras como estadounidenses (véase 6AC, párrs. 56–59, 76, 78–80 y 83–88 para las extranjeras, y párrs. 60–75, 77 y 81 para las estadounidenses). La única demandada restante, la OFM, es una entidad extranjera (véase ibíd., párr. 91, que alega que la OFM «tiene su sede en Roma» y está reconocida «conforme a las leyes de Italia»). Los demandantes, citando Bodner v. Banque Paribas, 114 F. Supp. 2d 117 (E.D.N.Y. 2000), sostienen que la presencia de demandantes extranjeros no excluye aquí la competencia por diversidad. Como señala la OFM, Bodner comprendía dos acciones distintas, una «interpuesta en nombre de ciudadanos estadounidenses» y otra de «extranjeros que formularon sus pretensiones al amparo de la [ATS]». Véase ibíd., p. 121. Además, el tribunal de distrito en Bodner no pretendió ejercer la competencia por diversidad en ninguna de las dos acciones. Declaró su competencia por cuestión federal respecto de la acción de los ciudadanos estadounidenses (p. 127) y su competencia en virtud de la ATS respecto de la acción de los extranjeros (p. 128).
En consecuencia, los demandantes no han demostrado que el Tribunal sea competente en esta acción por diversidad de ciudadanía.
B. Ley de Reclamaciones por Agravios de Extranjeros y competencia por cuestión federal
La ATS confiere a los tribunales de distrito competencia sobre «toda acción civil interpuesta por un extranjero únicamente por un agravio cometido en violación del derecho de gentes o de un tratado de Estados Unidos». Véase 28 U.S.C. § 1350. La norma sobre cuestión federal confiere competencia sobre «todas las acciones civiles que nazcan de la Constitución, las leyes o los tratados de Estados Unidos». Véase 28 U.S.C. § 1331. Ahora bien, como una acción por un agravio de derecho internacional «nace del common law federal», «cuando un extranjero entabla una acción únicamente por un agravio, la carga de acreditar la competencia es la misma conforme a [la ATS] y al § 1331». Véase Sarei v. Rio Tinto, PLC, 487 F.3d 1193, 1201, n. 5 (9.º Cir. 2007), revocada en parte por otros motivos por el pleno, 550 F.3d 822 (9.º Cir. 2008).
Los demandantes sostienen que han alegado infracciones tanto del derecho de gentes como de tratados de Estados Unidos. El Tribunal examina sucesivamente ambas alegaciones.
1. Derecho de gentes
La ATS «es una norma de competencia que no crea nuevas causas de acción». Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692, 724 (2004). Como ha declarado el Tribunal Supremo, cuando el primer Congreso aprobó la ATS, esta se aplicaba «al reducido número de infracciones del derecho internacional que podían entonces dar lugar a responsabilidad personal», concretamente «la violación de salvoconductos, la vulneración de los derechos de los embajadores y la piratería». Véase ibíd. Aunque los tribunales federales pueden reconocer nuevas causas de acción al amparo de la ley, su discrecionalidad al hacerlo es limitada. Véase ibíd. A este respecto, el Tribunal Supremo ha exigido que «toda pretensión basada en el derecho de gentes actual se funde en una norma de carácter internacional aceptada por el mundo civilizado y definida con una especificidad comparable a la de los paradigmas del siglo XVIII que [el Tribunal Supremo] ha reconocido». Véase ibíd.
Los demandantes sostienen que la OFM prestó ayuda y asistencia a actos de «bandidaje» cometidos por el régimen ustacha, actos que, según ellos, infringen tanto el derecho de gentes del siglo XVIII como el actual y constituyen «el equivalente terrestre de la piratería». Véase oposición, p. 18, l. 24–p. 19, l. 1. La OFM replica que el bandidaje no es una infracción del derecho de gentes susceptible de enjuiciamiento conforme a la ATS y que, en cualquier caso, aquí el término solo comprende conductas alegadas en pretensiones cuya desestimación confirmó el Noveno Circuito. Véase Alperin v. Vatican Bank, 410 F.3d 532, 559 (9.º Cir. 2005), que denominó algunas pretensiones «pretensiones relativas a objetivos de guerra» y consideró que planteaban una cuestión política no justiciable. Por las razones que se exponen a continuación, el Tribunal coincide en que las alegaciones de bandidaje o bien no constituyen infracciones del derecho de gentes o bien quedan excluidas por la resolución del Noveno Circuito.
El bandidaje se ha definido como «saqueo y bandolerismo cometido por bandas de ladrones». Véase Black’s Law Dictionary, p. 219 (9.ª ed., 2009), que señala que a la piratería se le llama a veces «bandidaje marítimo». Los demandantes sostienen que, dado que la piratería se ha reconocido como infracción del derecho de gentes (véase Sosa, 542 U.S., p. 715), debe reconocerse igualmente el bandidaje. La piratería, sin embargo, tiene un alcance más limitado y se ha tratado como una infracción del derecho de gentes porque interfiere en el comercio internacional y se comete fuera de los límites territoriales de cualquier estado. Véanse United States v. Smith, 18 U.S. (5 Wheat.) 153, 162 (1820), que define la piratería como «robo en el mar», y United States v. Yousef, 327 F.3d 56, 104 (2.º Cir. 2003), que señala que la piratería se reconoce «desde hace al menos 500 años como delito contra todas las naciones, tanto por la amenaza que representa para el transporte y el comercio ordenados entre ellas como porque el delito ocurre en alta mar, al margen de la jurisdicción territorial de un estado», con cita de Smith [4]. Fuera de ese contexto limitado, los actos de sustracción de bienes no constituyen infracciones del derecho de gentes aunque tengan «alcance internacional». Véase Hamid v. Price Waterhouse, 51 F.3d 1411, 1418 (9.º Cir. 1995), que coincide con el Segundo Circuito en que «el octavo mandamiento, “No robarás”», no forma parte del derecho de gentes, y señala: «Aunque sin duda toda nación civilizada lo incorpora a su ordenamiento jurídico, solo se infringe el derecho de gentes cuando una o más personas vulneran normas, reglas o costumbres que (a) afectan a la relación entre estados o entre un individuo y un estado extranjero y (b) esos estados utilizan para su bien común, en sus relaciones mutuas o en ambos casos», citando ITT v. Vencap, Ltd., 519 F.2d 1001, 1015 (2.º Cir. 1975). Por consiguiente, en la medida en que las pretensiones por «bandidaje» de los demandantes equivalen a pretensiones ordinarias por recepción de bienes robados y por sustracción, no pueden enjuiciarse conforme a la ATS. Véase Alperin, 410 F.3d, p. 548, que caracteriza las restantes pretensiones como «pretensiones ordinarias, en derecho y en equidad, para la recuperación de bienes».
En la medida en que algunos comentaristas han caracterizado «bandido» y «bandidaje» como sinónimos de «criminal de guerra» y «guerra ilícita», respectivamente, invocar esas equivalencias tampoco ayuda a los demandantes. Véanse Willard B. Cowles, Universality of Jurisdiction over War Crimes, 33 Cal. L. Rev. 177, 181 y 194 (1945), que dice que «hasta tiempos muy recientes, el término genérico más comúnmente aceptado para [los criminales de guerra] era “bandido”» y que «los crímenes de guerra son muy similares a los actos de piratería» porque «en ambos casos […] falta un sistema judicial adecuado que actúe en el lugar donde se comete el delito», y 2 Nuremberg Trial Proceedings 148 (alegato de apertura de Robert H. Jackson, 21 de noviembre de 1945), disponible en http://avalon.law.yale.edu/imt/11-21-45.asp (última consulta el 11 de septiembre de 2009), que afirma que «el principio de la responsabilidad individual por piratería y bandidaje […] es antiguo y está bien asentado» y señala que «eso es la guerra ilícita». Las pretensiones de los demandantes por «crímenes de guerra» [5], incluidas las que alegan ayuda y asistencia a las actividades de integrantes del régimen ustacha, ya fueron desestimadas. Véase Alperin, 410 F.3d, p. 559, que incluye las alegaciones de «crímenes de guerra» y de «ayuda y asistencia a las actividades de criminales de guerra», incluida la «conservación de su Tesoro», entre las «pretensiones relativas a objetivos de guerra» no justiciables [6]. Por consiguiente, en la medida en que las pretensiones por bandidaje alegan algo más que recepción de bienes robados y sustracción, tampoco prosperan.
Los demandantes sostienen además que la OFM conocía las «atrocidades» del régimen ustacha y que, por tanto, su asistencia al régimen constituye una infracción desde la perspectiva del jus cogens. Véanse oposición, p. 21, líneas 1–6, y Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965 F.2d 699, 715 (9.º Cir. 1992), que declara que «el jus cogens comprende normas consuetudinarias consideradas obligatorias para todas las naciones», con independencia de que un estado consienta en ellas (se omiten cita y comillas internas). Este argumento es, en esencia, idéntico a la alegación de que la OFM ayudó y asistió en la comisión de crímenes de guerra por el régimen ustacha y, por ello, se rechaza por los mismos motivos.
En consecuencia, los demandantes no han demostrado la competencia del Tribunal en esta acción sobre la base de las supuestas infracciones del derecho de gentes.
2. Tratados de Estados Unidos
Conforme a la Constitución de Estados Unidos, el presidente «tendrá la facultad de celebrar tratados con el consejo y consentimiento del Senado, siempre que concurran dos tercios de los senadores presentes». Véase Const. EE. UU., art. II, § 2, cl. 2. «Para que un tratado pueda hacerse valer judicialmente, debe tanto conferir derechos individuales como ser de aplicación directa». Cornejo v. County of San Diego, 504 F.3d 853, 856 (9.º Cir. 2007). Si un tratado es de aplicación directa, es decir, si «tiene fuerza de ley interna sin necesidad de legislación de desarrollo por el Congreso», aun así no conferirá un derecho de acción a los particulares a menos que su texto permita esa interpretación y que el Congreso, con su ratificación, haya «pretendido crear derechos y recursos para particulares que puedan hacerse valer ante los tribunales estadounidenses». Véase ibíd., pp. 856–57 (énfasis añadido). Además, la «regla general» es que «los acuerdos internacionales, incluso los que benefician directamente a particulares, no crean derechos para estos ni les confieren una causa de acción». Véase ibíd., p. 859 (se omiten cita y comillas internas).
Aquí, los demandantes sostienen que han alegado infracciones de dos «tratados» que confieren derechos de acción a los particulares: la Declaración multilateral sobre transferencias forzosas de bienes en territorios bajo control enemigo («Declaración de Londres»), 3 Bevans 754 (1943), 1943 U.S.T. LEXIS 188, y la Política multilateral sobre el oro («Declaración sobre el Oro»), 3 Bevans 889, 9 Fed. Reg. 2096 (1944), 1944 U.S.T. LEXIS 149. Véase dúplica y contestación al OSC, p. 6, líneas 15–24. La OFM alega que ninguno de esos documentos es un «tratado» y que, en cualquier caso, ninguno confiere un derecho de acción a los particulares. Como señala la OFM, ninguno fue ratificado por el Congreso. Sin embargo, aun suponiendo a efectos argumentativos que puedan considerarse «tratados» a efectos de la ATS [7], los demandantes no han demostrado que cumplan los demás requisitos antes expuestos. Véase, por ejemplo, Kwan v. United States, 272 F.3d 1360, 1363 (Fed. Cir. 2001), que consideró que un acuerdo ejecutivo, «aun si se considerase tratado, no permitía que lo hicieran valer por vía de acción los particulares que pudieran ser sus beneficiarios, ni que se hiciera valer en su nombre».
En la Declaración de Londres, las partes firmantes hicieron una «advertencia formal» de que «se proponían hacer cuanto estuviera en su mano para frustrar los métodos de desposesión practicados por los gobiernos» de las potencias del Eje y «se reservaban todos sus derechos a declarar inválidas» las transferencias de bienes en territorios bajo el control de esas potencias. Véase Declaración de Londres. En la Declaración sobre el Oro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó que «el Gobierno de Estados Unidos declara formalmente que no reconoce ni reconocerá la transmisión de la titularidad sobre el oro saqueado que el Eje tenga en su poder en cualquier momento o del que haya dispuesto en los mercados mundiales». Véase Declaración sobre el Oro.
El Tribunal examina primero si la Declaración de Londres o la Declaración sobre el Oro es de aplicación directa. De entrada, el texto de ambas declaraciones indica que cada una se limita a enunciar una política. Véanse la Declaración de Londres, que formula una «advertencia formal a todos los interesados», y la Declaración sobre el Oro, que declara que el Gobierno estadounidense «no reconocerá la transmisión de la titularidad» sobre el oro saqueado. De hecho, Altman v. Commissioner, 20 T.C. 236 (1953), en el que se apoyan los demandantes para afirmar que, a su entender, la Declaración de Londres es «potencialmente de aplicación directa» (véase dúplica y contestación al OSC, p. 7, l. 25–p. 8, l. 6), contradice su posición. En concreto, el Tribunal Fiscal concluyó en Altman que la Declaración de Londres era «una declaración política de intenciones» de los Aliados que «el Gobierno de Austria no había ejecutado». Véanse Altman, 20 T.C., p. 251, y Medellin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1358 (2008), que consideró que el tratado no era de aplicación directa porque constituía «un compromiso de [los firmantes] de actuar en el futuro por conducto de sus órganos políticos» (se omiten cita y comillas internas).
Incluso si la Declaración de Londres o la Declaración sobre el Oro, o ambas, se consideraran de aplicación directa, los demandantes no han demostrado que ninguna confiera un derecho de acción a los particulares. Su primer argumento, según el cual el texto de la Declaración de Londres se aplica tanto a transacciones privadas como gubernamentales, no resulta convincente. En su apoyo citan una cláusula que dice: «Esta advertencia se aplica tanto si las transferencias u operaciones han adoptado la forma de saqueo o expolio manifiestos como si han adoptado la forma de transacciones aparentemente legales, incluso cuando se presenten como efectuadas voluntariamente». Véase Declaración de Londres. En la medida en que los demandantes sostienen que la distinción entre esas dos «formas» de adquisición expresa la intención de distinguir entre actuación gubernamental y privada, respectivamente, sacan la cláusula de contexto. La Declaración de Londres se refiere expresamente a los «métodos de desposesión practicados por los gobiernos» de las potencias del Eje y no a los actos de particulares. Véase ibíd. (énfasis añadido). Además, los demandantes no han citado ninguna autoridad que indique que un tratado que se refiera a transacciones privadas dé lugar necesariamente a un derecho de acción de los particulares en relación con ellas. Nada en el texto de la Declaración de Londres indica que se pretendiera conferir tal derecho de acción. La propia declaración aclara que se trata únicamente de una «advertencia». Véase ibíd.
Los demandantes invocan a continuación una carta de 1949 en la que Jack B. Tate, asesor jurídico interino del Departamento de Estado, escribió:
«La política del Ejecutivo, en cuanto a las reclamaciones formuladas en Estados Unidos para la restitución de bienes identificables (o la indemnización en su lugar) perdidos por fuerza, coacción o intimidación como consecuencia de la persecución nazi en Alemania, es liberar a los tribunales estadounidenses de toda restricción al ejercicio de su competencia para pronunciarse sobre la validez de los actos de los funcionarios nazis».
Véase dúplica y contestación al OSC, apéndice III («carta de Tate»), § 3. Los demandantes observan que, para llegar a esa conclusión, Tate citó la Declaración de Londres y la Declaración sobre el Oro. Véase ibíd., § 1(a)–(b), que enumera, entre otros ejemplos, esas declaraciones como ocasiones en las que el Gobierno estadounidense «se opuso a los actos de desposesión forzosa […] practicados por los alemanes».
La carta de Tate no contiene, sin embargo, expresión alguna que indique que alguno de los documentos citados confiera un derecho de acción a los particulares. La carta se escribió a petición del abogado de una de las partes en un litigio federal en el que el Segundo Circuito había manifestado su «imposibilidad» de «pronunciarse sobre la validez de los actos de funcionarios del Gobierno alemán». Véanse Bernstein v. N.V. Nederlandsche-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, 210 F.2d 375, 375–76 (2.º Cir. 2004), y carta de Tate, p. 1. Parece expresar el parecer del Ejecutivo de que no era necesario desestimar aquel asunto por inmunidad soberana ni en virtud de la doctrina del acto de Estado. Véanse, por ejemplo, Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 688 (2007), que señala que, en los asuntos de inmunidad soberana extranjera resueltos antes de la aprobación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras («FSIA») en 1976, los miembros de la comunidad internacional, «por cortesía internacional», habían «acordado implícitamente renunciar a ejercer la jurisdicción sobre otros soberanos en ciertas clases de asuntos», y Liu v. Republic of China, 892 F.2d 1419, 1431–32 (9.º Cir. 1989), que declara que, conforme a la doctrina del acto de Estado, «el tribunal de un país no enjuiciará los actos del Gobierno de otro realizados dentro de su propio territorio» (se omiten cita y comillas internas). Ninguna de las dos doctrinas se discute en la presente acción, pues los demandantes no sostienen que la OFM sea un «soberano» (véase Altmann, 541 U.S., p. 688) ni que sus actos sean «actos de [un] Gobierno» (véase Liu, 892 F.2d, p. 1432).
En consecuencia, los demandantes no han demostrado la competencia del Tribunal en la presente acción sobre la base de la supuesta infracción de tratado alguno de Estados Unidos.
Conclusión
Por los motivos expuestos, los demandantes no han demostrado que el Tribunal tenga competencia por razón de la materia conforme a 28 U.S.C. §§ 1331, 1332 o 1350. En consecuencia, SE ESTIMA la petición de la OFM y SE DESESTIMA la presente acción por falta de competencia por razón de la materia, sin perjuicio de que pueda volver a interponerse.
ASÍ SE ORDENA.
11 de septiembre de 2009.
Maxine M. Chesney, jueza de distrito de Estados Unidos.
Notas de la resolución
[1] El 1 de septiembre de 2009, la OFM presentó además una comunicación sobre una resolución reciente.
[2] El 27 de diciembre de 2007, el Tribunal desestimó las pretensiones contra el demandado Instituto per le Opere di Religione. Véase resolución de 27 de diciembre de 2007.
[3] Como el Tribunal concluye que los demandantes no han demostrado la existencia de competencia por razón de la materia en la presente acción, no aborda aquí los motivos adicionales de desestimación invocados por la OFM.
[4] Una de las fuentes citadas por los demandantes confirma este análisis. Véase John Basset Moore, A Digest of International Law, vol. 2, p. 952 (1908): «Como el escenario de las operaciones del pirata es la alta mar, cuya vigilancia no constituye un derecho ni un deber especial de ninguna nación, se le niega la protección del pabellón que lleve y se le trata como a un proscrito al que cualquier nación puede apresar y castigar en interés de todas».
[5] El Tribunal observa que todas las conductas que, según la alegación, la OFM ayudó o asistió y que, según los demandantes, llegan a constituir una infracción del derecho de gentes se habrían cometido en tiempo de guerra.
[6] El Tribunal observa también que la postura de los demandantes respecto de los crímenes de guerra no ha sido del todo uniforme. En su oposición a la desestimación por forum non conveniens, afirman que la OFM no sería una «demandada idónea» en un asunto que alegara crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, porque «no fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial [ni] participó en crímenes organizados contra la humanidad». Véase declaración de Levy, párrs. 7–8, que considera «demandado idóneo» a «cualquier perpetrador superviviente y al antiguo Gobierno del [régimen ustacha]».
[7] El Tribunal señala que los acuerdos ejecutivos, es decir, los celebrados por el Poder Ejecutivo y uno o más estados extranjeros, aunque no son «tratados» conforme al artículo II de la Constitución, «pueden en circunstancias apropiadas producir un efecto similar al de los tratados en ciertas áreas del derecho interno», y el Congreso puede referirse a ellos en ocasiones como «tratados». Véase Weinberger v. Rossi, 456 U.S. 25, 30–31 y n. 6 (1982). Ninguna de las partes ha abordado aquí si el Congreso, al aprobar la ATS, quiso que el término «tratado» abarcara acuerdos que no reunieran los requisitos del artículo II.