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En 2003, el Consejo de Seguridad separó las jefaturas de las fiscalías de los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. El cambio no significó la salida de Carla del Ponte del TPIY: la resolución 1504, aprobada el 4 de septiembre, la nombró nuevamente fiscal de este tribunal por cuatro años a partir del 15 de septiembre.
La resolución 1503 del 28 de agosto había creado un puesto de fiscal propio para el tribunal de Ruanda y acogido la intención del secretario general de proponer a Del Ponte para el TPIY. La justificación expresada por el Consejo fue que cada tribunal podía cumplir sus responsabilidades con mayor eficacia contando con su propio fiscal.
El mismo documento situó el cambio dentro de las estrategias de conclusión. Reclamó cooperación para detener a las personas acusadas que seguían prófugas, fortalecer los sistemas judiciales nacionales y transferir, cuando correspondiera, asuntos de responsabilidad intermedia o inferior. Incluyó el impulso de una sala especializada en Bosnia y Herzegovina.
Los años 2004, 2008 y 2010 figuraban como objetivos para completar investigaciones, juicios de primera instancia y trabajo restante. Son metas de planificación contenidas en la resolución, no prueba de su cumplimiento efectivo. Las controversias periodísticas previas deben contrastarse con estas decisiones; estas no confirman por sí mismas acusaciones sobre presiones o motivaciones ocultas.