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El 31 de marzo de 2004, el portavoz Adam Ereli anunció que Colin Powell no podía certificar ante el Congreso la cooperación de Serbia y Montenegro con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Según la declaración, la aplicación de la sección 572 de la ley de asignaciones de operaciones exteriores detenía desde esa fecha nuevas ayudas destinadas a Serbia.
El Departamento de Estado reclamaba la detención y entrega de acusados fugitivos, destacando a Ratko Mladić. El portavoz añadió que Powell estaba dispuesto a revisar futuras actuaciones de las autoridades si permitían cumplir los requisitos legales. La suspensión se vinculaba así a una condición susceptible de nueva evaluación.
La rueda de prensa distinguió categorías exceptuadas: asistencia humanitaria, ayuda para promover la democracia en municipios y ayuda a Kosovo o Montenegro. Por ello, describir la medida como la eliminación de toda la asistencia estadounidense altera su alcance.
También se discutieron los importes. Ereli mencionó cien millones de dólares asignados y cuarenta y tres ya gastados, pero evitó fijar una liquidación definitiva de la parte congelada. La estimación de unos veinticinco millones quedó expresamente presentada como aproximada.
Preguntado por la ley serbia de beneficios a acusados y familiares, el portavoz mantuvo el foco en la entrega de fugitivos. No afirmó que esa norma fuera la causa jurídica de la suspensión ni que los fondos estadounidenses se hubieran entregado a Milošević. Esta entrada se basa en el tramo sobre Serbia de la transcripción oficial conservada por GlobalSecurity; no en la lectura íntegra de la ley presupuestaria.