Artículo de archivo incorporado a Yugopedia en noviembre de 2026.
La aprobación de la ley federal de cooperación con el TPIY, el 11 de abril de 2002, no cerró el debate sobre las entregas de acusados ni sobre el acceso del Tribunal a documentos y testigos. Las críticas procedían de posiciones opuestas: unas reclamaban cooperación efectiva y otras rechazaban las entregas.
En el resumen del encuentro de prensa del 17 de abril, el asesor de la Fiscalía Jean-Jacques Joris objetó el artículo 39. Según su explicación, limitaba las disposiciones sobre arrestos y traslados a quienes hubieran sido acusados antes de la entrada en vigor de la ley. La Fiscalía consideraba esa restricción incompatible con el Estatuto del Tribunal.
Human Rights Watch había señalado también posibles obstáculos relacionados con el examen interno de las solicitudes, las condiciones impuestas a las investigaciones y la ausencia de plazos concretos. Eran objeciones de una organización de derechos humanos, no una sentencia de inconstitucionalidad. Por su parte, el SPS defendía que las entregas vulneraban la Constitución; esa afirmación partidista tampoco equivale a un fallo judicial.
Joris aclaró además que las garantías ofrecidas en Belgrado a quienes se entregaran no vinculaban a las Salas: la libertad provisional correspondía a los jueces del Tribunal. Esta entrada reconstruye el debate mediante documentos contemporáneos. El texto promulgado íntegro de la ley y sus debates parlamentarios no se han consultado.