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El informe de Álvaro Gil-Robles sobre Kosovo y las personas desplazadas, fechado el 16 de octubre de 2002, vinculó la recuperación de la vivienda con la libertad de decidir el propio futuro. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa examinó condiciones tanto en Kosovo como en los lugares de desplazamiento.
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El documento defendió la elección individual entre regresar o establecerse en otro lugar. El derecho al retorno no debía convertirse en presión para volver, ni la integración local implicar renunciar a derechos patrimoniales. Señaló obstáculos de seguridad, recursos, documentación y acceso a servicios.
Las reclamaciones de vivienda requerían medios para resolverse y ejecutarse. A la vez, los gobiernos de Serbia y Montenegro debían facilitar la integración sin discriminación de quienes permanecieran allí. El informe distribuía responsabilidades entre autoridades internacionales, instituciones locales y gobiernos, sin reducir todo el problema a un único actor.
Este balance de 2002 reconocía avances institucionales junto a vulneraciones pendientes. Sus recomendaciones no prueban su ejecución posterior ni constituyen una sentencia sobre responsabilidades penales individuales. La distinción entre retorno voluntario, restitución e integración permite estudiar las necesidades de los desplazados más allá de una cifra de regresos.