Artículo de archivo incorporado a Yugopedia en noviembre de 2026.
La participación italiana en los bombardeos contra Yugoslavia de 1999 dio lugar a denuncias penales contra el Gobierno de Massimo D’Alema. Una reproducción documental difundida por Jugoinfo recoge el decreto del órgano competente para delitos ministeriales de Roma, de 26 de octubre de 1999, que dispuso el archivo del procedimiento.
Los denunciantes invocaban, entre otras cuestiones, la prohibición constitucional de la guerra y la intervención del Parlamento en las decisiones bélicas. Según el texto reproducido, el órgano judicial no apreció los elementos de los delitos imputados al presidente del Consejo y distinguió esas responsabilidades penales del debate político y constitucional sobre la intervención. La carta del abogado Giuseppe Mattina que acompaña al decreto critica tanto su motivación como la falta de notificación; son alegaciones de una parte.
Jugoinfo publicó también una reproducción de la sentencia penal de Casación número 36274, de 21 de septiembre y depositada el 8 de octubre de 2001. En ella se rechazaron los recursos relativos al derecho de los denunciantes a recibir aviso del archivo y se les impusieron las costas. La resolución distinguía al Parlamento como órgano de sus miembros individuales.
Estas reproducciones permiten reconstruir la controversia, pero no sustituyen copias judiciales autenticadas. El archivo y el rechazo de los recursos no equivalen a una decisión universal sobre la legalidad internacional del bombardeo. Tampoco deben confundirse con la causa civil Marković y la resolución 8157/2002.