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El 23 de febrero de 2005, la diputada laborista Alice Mahon promovió en Westminster Hall un debate sobre el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Defendió su cierre y el traslado de los enjuiciamientos a los países de la región.
Mahon sostuvo que el tribunal agravaba las divisiones y denunció lo que consideraba parcialidad y dobles raseros. Estas afirmaciones pertenecen a su intervención política: su presencia en Hansard acredita que las formuló, no demuestra por sí sola su exactitud ni sustituye las decisiones judiciales de cada caso.
El ministro Douglas Alexander respondió que el Reino Unido mantenía su apoyo político, financiero y práctico al tribunal. Reconoció preocupaciones sobre coste, duración y distancia de las víctimas, pero vinculó el calendario de conclusión a la cooperación de los Estados y a la comparecencia de los acusados fugitivos.
La respuesta gubernamental subrayó la responsabilidad individual y rechazó interpretar las acusaciones como un castigo colectivo contra un pueblo. También situó la experiencia del TPIY en relación con los tribunales nacionales de la región y con la justicia penal internacional.
El debate documenta posiciones contrapuestas dentro de la política británica de 2005. La petición de una diputada no fue una decisión de abolición, y la estrategia de conclusión del tribunal debe distinguirse de una renuncia a perseguir los crímenes. Para estudiar cada procedimiento es necesario acudir a su expediente específico.