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El 19 de mayo de 2005, la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina denunció el fracaso de las conversaciones sobre la reforma policial celebradas en Sarajevo. Atribuyó el bloqueo a los representantes de la República Srpska y lo presentó como un obstáculo para acercar el país a la Unión Europea. Esa atribución corresponde a la posición institucional de OHR.
La declaración reiteraba tres principios de la Comisión Europea: competencias legislativas y presupuestarias sobre la policía en el nivel estatal, delimitación de las zonas de actuación según criterios funcionales y ausencia de interferencias políticas en el trabajo policial. Las demarcaciones debían poder atravesar la línea entre entidades cuando resultara necesario.
La declaración conjunta de Vlašić del 27 de abril había recogido posibles soluciones sobre supervisión y funcionamiento policial. También reconocía que las partes no habían armonizado sus posiciones sobre la distribución territorial. Por ello, un marco de negociación no equivalía a una reforma ya acordada y aplicada.
El acuerdo sobre reestructuración publicado por OHR el 5 de octubre pertenece a una etapa posterior. Leer ambos documentos junto con el comunicado de mayo permite seguir los compromisos y desacuerdos sin atribuir al anuncio de un acuerdo resultados operativos que requieren comprobación independiente. La controversia ilustra la relación entre instituciones de posguerra, competencias de las entidades y condiciones europeas.