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Un reportaje de Jan Briza para IWPR, fechado el 22 de mayo de 2002, describió una petición de restitución de bienes confiscados a alemanes del Danubio después de la Segunda Guerra Mundial. Según la noticia, la asociación internacional que los representaba presentó la solicitud el 10 de mayo en Subotica, Voivodina.
La demanda reabría una cuestión patrimonial de la posguerra yugoslava: cómo reparar las pérdidas sin desproteger a quienes ocupaban las viviendas décadas después. El reportaje recogía tanto las dificultades económicas del Estado como la necesidad de comprobar si determinados reclamantes habían recibido compensaciones anteriores. No se han examinado los expedientes de cada propiedad.
Los representantes Rudolf Weis y Rudolf Reiman rechazaron que la restitución provocara nuevas injusticias. Esa posición introduce un matiz frente a una lectura basada únicamente en la revancha entre comunidades. La existencia de un proyecto legislativo o de una petición tampoco demuestra que los bienes hubieran sido devueltos.
El episodio permite estudiar la relación entre memoria, desplazamiento y derechos patrimoniales. La pertenencia a la comunidad alemana no determina por sí sola responsabilidad individual por el nazismo; del mismo modo, una reclamación civil no equivale a rehabilitación penal colectiva. Las cifras de víctimas atribuidas a asociaciones requieren un examen documental específico que esta noticia no sustituye.