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El 14 de marzo de 2002, los dirigentes federales, serbios y montenegrinos acordaron en Belgrado las bases de una unión denominada Serbia y Montenegro. Javier Solana, representante de la Unión Europea para la política exterior, figuró como testigo. El documento establecía un itinerario constitucional; su firma no equivalía a la entrada en vigor de la nueva Carta.
El proyecto preveía Parlamento, presidente, Consejo de Ministros y tribunal comunes. La defensa quedaría bajo un consejo que decidiría por consenso. Las repúblicas conservarían responsabilidades económicas y asumirían la aproximación de sus sistemas a un mercado común. Estos compromisos describían objetivos y procedimientos, sin acreditar por sí mismos su cumplimiento.
Una cláusula permitía reconsiderar el estatus estatal transcurridos tres años. Si Montenegro se retiraba, el acuerdo disponía que los instrumentos internacionales relativos a la República Federal de Yugoslavia, especialmente la resolución 1244, se aplicarían a Serbia como sucesora. Por tanto, el cambio previsto no declaraba extinguida aquella resolución.
Las reacciones recopiladas al día siguiente muestran desacuerdo sobre su viabilidad. Mientras varios dirigentes lo presentaron como una salida negociada, el gobernador Mlađan Dinkić cuestionó la ausencia de mecanismos económicos comunes y consideró a Solana el principal beneficiario político. Estas valoraciones contemporáneas permiten estudiar tanto la mediación europea como las tensiones que sobrevivían al compromiso.