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El 27 de julio de 2010, el juez Timothy Workman rechazó en Londres la extradición de Ejup Ganić solicitada por Serbia por hechos ocurridos en Sarajevo en mayo de 1992. La decisión puso fin a aquel procedimiento británico, iniciado tras su detención en marzo.
La resolución examinó las investigaciones anteriores y la información presentada para justificar la nueva solicitud. Workman consideró que no se había aportado evidencia nueva sustancial que justificara cambiar las conclusiones previas de no proceder contra Ganić.
El juez también valoró testimonios sobre el uso político de la extradición y determinadas tergiversaciones de la solicitud. Concluyó que el procedimiento constituía un abuso del proceso y que operaba la prohibición de extraditar por las consideraciones ajenas a una persecución penal legítima previstas en la sección 81 de la ley británica de 2003.
Estas conclusiones deben atribuirse al tribunal y a aquel expediente. La resolución no fue una sentencia penal absolutoria dictada después de juzgar todos los acontecimientos de Sarajevo de 1992, ni resolvió la responsabilidad de otras personas por esos hechos.
El caso muestra cómo la cooperación judicial sobre crímenes de guerra depende tanto de las acusaciones como de las garantías del procedimiento. Para estudiarlo resulta esencial separar la petición serbia, los testimonios recibidos, las razones del juez británico y cualquier investigación posterior.