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El asesinato de Milan Levar en Gospić, el 28 de agosto de 2000, planteó preguntas sobre la protección de quienes aportaban información sobre crímenes de la guerra de Croacia. La Fiscalía del TPIY explicó dos días después que lo había entrevistado en 1997 y 1998 y lo consideraba un potencial testigo. Esa descripción no equivale a afirmar que ya hubiera declarado en un juicio.
Según el comunicado fiscal, se le ofrecieron medidas de protección, pero Levar deseaba permanecer en Croacia. A petición suya, la Fiscalía solicitó el 1 de abril de 1998 que el Gobierno croata protegiera a él, su familia y sus bienes; el día 15 este aceptó esa responsabilidad. La Fiscalía distinguió esa gestión de un compromiso propio de protección y señaló que entonces carecía de información que vinculara el asesinato con la colaboración de Levar.
Una noticia de mayo de 2003 recogió la demanda de su esposa y su hijo contra el Estado por no haber impedido su muerte. Posteriormente, el informe de la misión de la OSCE en Croacia del 5 de julio de 2004 registró un acuerdo de unos 73.000 euros para resolver la reclamación civil. El importe acordado debe distinguirse de la cantidad inicialmente solicitada.
La reparación civil y la investigación penal son cuestiones distintas. Ese acuerdo no identifica al autor del asesinato ni acredita su móvil. Los documentos permiten estudiar la protección de potenciales testigos y la respuesta a sus familiares, manteniendo separadas las afirmaciones de las partes y las responsabilidades judicialmente establecidas.