Artículo de archivo incorporado a Yugopedia en noviembre de 2026.
El 12 de junio de 2003, la Sala que juzgaba a Slobodan Milošević dictó una segunda decisión sobre solicitudes de documentos a Serbia y Montenegro. La resolución, basada en el artículo 29 del Estatuto y la regla 54 bis, muestra cómo la cooperación estatal se concretaba en órdenes, plazos y exigencias de precisión.
El anexo ordenó entregar determinadas actas del Consejo Supremo de Defensa, el plan de defensa federal y otros documentos. Para varias categorías fijó dos meses; en otras exigió continuar las búsquedas o informar sobre las medidas adoptadas para localizar el material. Cuando se alegaba una posible destrucción por bombardeos de la OTAN, solicitó explicar la información que sustentaba esa conclusión.
La decisión también impuso obligaciones a la Fiscalía: identificar lo que seguía pendiente, precisar solicitudes y aclarar qué entendía por «Mando Supremo» y en qué pruebas apoyaba su existencia. Rechazó algunas peticiones por ser excesivamente amplias o gravosas y otras porque debían dirigirse a Bosnia y Herzegovina, en concreto a la República Srpska.
No se concedió aquí acceso ilimitado a todos los archivos: la propia Sala reservó esa cuestión para otra orden. Tampoco la resolución prueba que los documentos se entregaran efectivamente, ni determina por sí misma culpabilidad o falsedad testimonial. Su interés reside en los mecanismos y límites de obtención de pruebas.