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El 27 de mayo de 1999, durante los bombardeos de la OTAN, Hans Köchler fechó en Caracas un memorándum de la International Progress Organization sobre la acusación contra dirigentes yugoslavos. El documento cuestionaba la legitimidad del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y proponía una intervención de la Asamblea General de la ONU. Era una posición crítica externa, no una decisión judicial.
Sus doce puntos sostenían que el Consejo de Seguridad había excedido sus competencias al crear el tribunal. También denunciaban lo que el autor consideraba parcialidad política y doble rasero respecto de la OTAN. Esas afirmaciones deben atribuirse a Köchler: el membrete de una organización internacional no las convierte en un dictamen de las Naciones Unidas.
El contraste pertinente es la decisión de apelación del caso Tadić de octubre de 1995, que examinó y rechazó las impugnaciones sobre la creación y la primacía del tribunal. La crítica del memorándum y la respuesta jurisdiccional pertenecen a planos distintos; reproducir la primera no invalida jurídicamente la segunda. Véase también la ficha sobre Tadić y la jurisdicción del TPIY.
La página de la organización afirma que el memorándum fue presentado al presidente del Consejo de Seguridad, pero no se ha verificado aquí su recepción o tramitación. El original inglés y su traducción alemana son versiones de una misma intervención, no dos apoyos independientes. Su valor histórico reside en documentar un argumento del debate jurídico y político de 1999.