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El 17 de enero de 2000, tras conocerse la muerte de Željko Ražnatović, conocido como Arkan, la fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Carla Del Ponte, explicó por qué la acusación seguía siendo confidencial. La existencia del procedimiento se había divulgado parcialmente en marzo de 1999, pero su contenido permanecía sometido a una orden de secreto.
La acusación IT-97-27, conservada en el archivo del tribunal, atribuía a Arkan responsabilidad por crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando en Sanski Most durante septiembre de 1995. Describía detenciones de personas no serbias, malos tratos, violencia sexual y ejecuciones, con referencias al Hotel Sanus y a las localidades de Trnova y Sasina. El documento formulaba cargos por crímenes contra la humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra y violaciones de las leyes o costumbres de guerra.
La Fiscalía distinguía ese núcleo de cargos de sus investigaciones más amplias sobre actuaciones paramilitares entre 1991 y 1995 en Croacia y Bosnia. Del Ponte justificó mantener la confidencialidad por investigaciones en curso sobre personas que habían apoyado a Arkan o estaban vinculadas con él.
Una acusación recoge la tesis de la Fiscalía y no equivale a una condena. Arkan murió sin comparecer ante el tribunal para responder a esos cargos. La declaración tampoco demuestra hipótesis sobre pactos secretos ni sobre los responsables de su asesinato.