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El 26 de marzo de 2002, el Tribunal Constitucional Federal yugoslavo declaró incompatible con la Constitución y el procedimiento penal una decisión del Gobierno de Serbia del 28 de junio de 2001 sobre cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. El expediente estaba relacionado con el procedimiento utilizado para entregar a Slobodan Milošević a La Haya.

La mayoría del tribunal cuestionó que el Ejecutivo serbio regulara mediante una decisión propia materias que afectaban a derechos y garantías reservados a la legislación federal. Examinó también las competencias internacionales de la federación y las disposiciones constitucionales relativas a la entrega de ciudadanos yugoslavos.
El acto fue publicado en el Službeni glasnik RS 18/2002, páginas 47–50, y dejó constancia de un voto disidente de Momčilo Grubač. Documenta un conflicto interno de competencias y garantías en torno a la cooperación internacional. Su objeto era el procedimiento y la norma gubernamental examinada, mientras que el proceso penal ante el TPIY seguía su propio curso.
