Luís Sanzo reflexiona sobre los sucesos acaecidos recientemente en Mitrovica,critica la imposición del Plan Ahtisaari y censura que la UNMIK haya decidido apostar por el uso de la fuerza policial y militar como método de resolución del conflicto.Asi mismo alerta de los peligros que ello conlleva.
31.3.2008.
En julio de 1999, Bernard Kouchner asume el liderazgo de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK), contando entre sus objetivos la puesta en marcha de una nueva Administración de Justicia en la provincia. En el marco de ese proyecto, un mes después la MINUK licencia a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del Ministerio de Justicia serbio en Mitrovica. Los funcionarios no renuncian sin embargo a su labor, tramitando a partir de entonces los asuntos judiciales en casas y locales particulares. La MINUK nunca llegaría a acabar por completo con el sistema paralelo que se consolida en el norte de Kosovo tras la intervención de la OTAN.
Son precisamente los trabajadores del sistema judicial paralelo los que inician el pasado 21 de febrero la movilización que desembocaría tres semanas después en la ocupación de los Juzgados en los que trabajaron hasta agosto de 1999. La acción es una respuesta a la declaración unilateral de independencia y al llamamiento del Ministerio de Justicia serbio a la reincorporación de sus empleados a los puestos que ocupaban antes de la guerra. A primeros de marzo, los funcionarios de justicia en localidades menores del norte de Kosovo trabajan ya bajo los auspicios de ese Ministerio.
La reacción de la Administración regional de la MINUK al desafío es más bien contemporizadora, trasladando el conflicto planteado a las autoridades centrales de la Misión. Es sólo el día 14 de marzo cuando, ante la falta de respuestas, una parte de los trabajadores judiciales serbios deciden ocupar el edificio de los juzgados. La toma no da lugar a disturbios graves, absteniéndose las partes de actuaciones que pudieran incrementar la tensión en Mitrovica.
El mismo día 14, sin embargo, el máximo responsable de la MINUK en Kosovo, el alemán Joachim Rücker, llama a restablecer el orden y a retomar el edificio. El primer ministro kosovar, Thaci, exige ese mismo día una reacción urgente, apelando a sacar de los juzgados a los que define como 'hooligans'. La Oficina de Estados Unidos en Pristina y Peter Feith, representante de la Misión de la Unión Europea en Kosovo, apoyan igualmente una línea de dureza. La negociación entre los serbios y el representante regional de la MINUK se rompe la noche del día 14.
Los días 15 y 16, los serbios de Mitrovica siguen mostrándose dispuestos a negociar pero precisan que el intento de arresto de los ocupantes o la aplicación de la fuerza contra ellos llevarían el caos a la ciudad. Piden esperar, además, a los resultados de una reunión de alto nivel entre representantes de la MINUK y el ministro serbio para Kosovo, Samardzic. Tras un encuentro con Peter Feith el día 16, Thaci vuelve a pedir a la MINUK que retome lo antes posible el control del edificio.
Ante las presiones de Hashim Thaci, avaladas por la Oficina de Estados Unidos en Kosovo y por Peter Feith, la MINUK decide finalmente actuar. A las 5.30 de la mañana del 17 de marzo, miembros de la MINUK y de la KFOR entran en el edificio judicial, deteniendo a los ocupantes serbios sin que éstos opongan resistencia. A las 7 de la mañana, el caos se apodera de Mitrovica. Sólo con la salida de la policía de la MINUK vuelve la calma a la ciudad.
La acción de fuerza de la MINUK refleja los límites de la línea de actuación defendida por su administrador regional en Mitrovica, el americano Gerard Gallucci. Funcionario sin duda comprometido con el Plan Ahtisaari, Gallucci era consciente de que la implantación de ese Plan en la zona norte de Kosovo no podría realizarse como en las zonas de mayoría albanesa. De ahí su apuesta por un modelo de autonomía local extendida al ámbito judicial; de ahí, también, su apoyo a una ampliación del mandato de la MINUK que facilitara la convivencia entre el norte y las instituciones centrales de Kosovo. Al menos como medida de prevención de la violencia, este planteamiento parecía estar funcionando. A primeros de marzo, Gallucci resaltaba en unas declaraciones la tranquilidad existente en la zona, elogiando al pueblo, la policía y los líderes locales que la hacían posible. Tras los sucesos del día 17, Gallucci se veía impelido a presentar su dimisión, muestra de su oposición al uso de la fuerza en el norte de Kosovo.
Los sucesos de Mitrovica reflejan, precisamente, la opción por la fuerza como vía de resolución del conflicto existente en un territorio en el que las instituciones centrales de Kosovo carecen por completo de control. Sorprende, con todo, que para esa actuación la MINUK eligiera la fecha del 17 de marzo, a un mes ciertamente de la declaración de independencia pero a cuatro años del pogromo antiserbio de 2004. No es sino una muestra más de la escasa talla política de aquéllos que, frente a una movilización reivindicativa y fundamentalmente pacífica, recurren a la toma policial y militar de un edificio civil para afirmar su apuesta por la imposición de la secesión al norte de Kosovo.
Los sucesos de Mitrovica reflejan el problema fundamental al que se enfrentan los defensores del Plan Ahtisaari: la imposición al margen del derecho internacional de las instituciones de un Estado secesionista no reconocido por la ONU a quienes aspiran a seguir formando parte de otro que sí forma parte de la comunidad internacional de naciones. Esta cuestión plantea serias dudas jurídicas y morales. Alguien debería recordar que el intento de acabar con el liderazgo político, judicial, intelectual o administrativo de una determinada comunidad, máxime si éste se orienta a dejar al grupo indefenso ante una agresión externa, es indicio inequívoco de intención criminal en el derecho penal internacional.
Algunos antecedentes en Kosovo obligan a extremar la prudencia. No puede olvidarse el pogromo antiserbio de 2004, con la destrucción de edificios civiles y religiosos, acompañada de ataques a la población, con heridos, muertos y miles de expulsados. Tampoco debe desestimarse el incumplimiento del punto de la Resolución 1244 que preveía el retorno de personal serbio a Kosovo para servir de enlace con la MINUK y la KFOR, colaborar en la protección de los lugares patrimoniales serbios y mantener una presencia en los puestos fronterizos principales. Aunque con toda probabilidad no fuera consciente del alcance de sus palabras, también resultan relevantes en este contexto las declaraciones realizadas en noviembre de 2007 por uno de los máximos responsables de la KFOR, recogidas por Tanjug, B92 y Reuters. En ellas, este comandante señalaba que las tensiones entre los serbios y albaneses de Kosovo llegarían a un final biológico ('biological end') puesto que, a la vista de su avanzada media de edad, uno de los pueblos - el serbio- simplemente estaba llamado a desaparecer.
Los ciudadanos de nuestro país deben ser conscientes de los problemas morales y de los riesgos jurídicos que entraña trabajar a favor de la secesión en las zonas en las que una mayoría de la población se enfrenta a la misma. La mayor contribución de España a la paz sería evitar que alguien traspasara en Kosovo la delgada línea roja que separa la ingeniería política del crimen. La oposición al reconocimiento del nuevo Estado, mientras no exista un acuerdo entre las partes, es una condición necesaria para evitar que esto llegue a suceder.
Original
AQUI